La argumentación con la que el presidente de la Cooperativa Popular de Electricidad intentó justificar una suerte de ocultamiento del libro “La Apropiadora” no sólo roza por momentos algo parecido al absurdo, sino que además se constituye en un peligroso antecedente.
Tal como Oscar Nocetti explica, la CPE en los últimos años hizo de la defensa de los Derechos Humanos una bandera concreta, que incluyó la publicación de obras literarias que van en ese sentido.
De ahí que este episodio de censura signifique un claro retroceso.
Suena ridículo pensar que el otorgamiento de una licencia para brindar el servicio de radiodifusión depende de que la CPE tenga o no un juicio en su contra.
Por otra parte, y de acuerdo a lo que se sabe, el Departamento Legal de la CPE no desaconsejó de modo contundente la edición del libro.
A ello debe agregarse que cualquier obra de este tipo supone el riesgo de que a alguien no le guste lo publicado, pero ahora hay más herramientas que protegen la libertad de expresión: ya no existe el delito de calumnias e injurias para casos de interés público, por lo que ni la CPE ni Juan Carlos Martínez pueden ser acusados penalmente por la investigación sobre Ernestina Herrera de Noble.
La CPE parece desconocer que Martínez hace tiempo que ha dado muestras de que su trabajo se basa en el rigor periodístico: como director de “Lumbre” el que lo demandó fue el denunciante compulsivo Juan Carlos Tierno, y esa causa dejó un sello histórico para la provincia, cuando la jueza Verónica Fantini determinó que todo lo publicado sobre el caso era absolutamente veraz y rubricó un fallo que significó un enorme aporte para el avance de la libertad de expresión.
Pero además, hay veces en que las entidades populares deben asumir algunos costos económicos cuando quieren imponer su voluntad política: lo sabe bien Nocetti, a quien en su momento Jorge Matzkin demandó y le ganó un juicio -que pagó la CPE- por hacer declaraciones que en ese momento -independientemente de sus consecuencias- sonaban necesarias en boca del presidente de una institución solidaria.
Con esta decisión -además confusa, enroscada y nacida de un impulso minoritario- la CPE termina haciendo lo que tanto dice rechazar: cediendo por miedo a los deseos de un grupo poderoso, pocos meses después de denunciar que sus libros eran censurados porque no se presentaban formalmente en el stand que La Pampa tuvo en la Feria del Libro.
Lo peligroso es que, tácitamente, en este caso se otorga al Grupo Clarín la potestad de definir la línea editorial de una publicación de la CPE: a partir de este antecedente queda la sensación de que para tocar a algún poderoso hay que tener extrema cautela, pero si el libro de Martínez en vez de investigar a Ernestina ponía bajo la lupa a un personaje menor en lugar de estar cajoneado ya estaría siendo leído por los socios.
No hay ninguna duda de que en todos estos años el papel de Editorial Voces y la decisión de la CPE de ir por un camino significaron un gran avance. Tampoco hay dudas de que este caso de censura es un retroceso. Un gran paso atrás.
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